El cierre del restaurante Buda Feliz, tras 33 años de actividad en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz, es un nuevo capítulo en el imparable proceso de transformación que está sufriendo el casco histórico de la ciudad. Fuentes del establecimiento han confirmado a Diario de Cádiz que la causa del cierre no es otra que la venta del edificio en el que se encuentra el restaurante, una operación que deja sin alternativa a sus propietarios, incapaces de alcanzar un acuerdo con los nuevos dueños. La historia se repite: una empresa inmobiliaria ha adquirido el inmueble, forzando el desalojo de un negocio con décadas de arraigo en la ciudad.

Este cierre no es un caso aislado. Se suma al anuncio de cierre de la pastelería El Pópulo, fundada en 1849 y considerada el tercer comercio más antiguo de Cádiz en funcionamiento después de que el edificio fuese vendido a una empresa ajena a la ciudad para convertirlo en apartamentos turísticos. Un modelo que se impone en el centro de Cádiz y que arrasa con el comercio tradicional, dejando un paisaje de negocios de toda la vida que bajan la persiana mientras proliferan alojamientos turísticos y promociones inmobiliarias.

La dinámica es clara y conocida: inversores compran edificios en el casco histórico, desplazan a sus inquilinos y transforman los espacios en viviendas de alquiler para turistas o en promociones residenciales destinadas a compradores con alto poder adquisitivo. En el proceso, desaparecen comercios de referencia, muchos de ellos con décadas de historia, que no encuentran alternativas viables para continuar con su actividad. Es el mismo fenómeno que ha afectado a otras ciudades, como Sevilla o Málaga, donde el tejido comercial tradicional se está viendo sustituido por negocios enfocados exclusivamente al visitante, reduciendo las opciones para los propios gaditanos.

La situación genera una creciente preocupación entre los vecinos y comerciantes de Cádiz, que ven cómo la ciudad se vacía de contenido local mientras se llena de pisos turísticos y apartamentos de lujo. Para los propietarios de Buda Feliz, la esperanza de encontrar un nuevo local en el casco histórico se desvanece ante la dificultad de encontrar un espacio adecuado y, sobre todo, ante los elevados precios del mercado inmobiliario. Necesitan un local de unos 280 metros cuadrados, una superficie que se ha vuelto prácticamente inaccesible en el centro de Cádiz.

Lo que antes eran locales con historia, con negocios que formaban parte del día a día de los gaditanos, se están convirtiendo en bloques de apartamentos y espacios destinados al turismo. Mientras las administraciones miran hacia otro lado, la especulación inmobiliaria sigue avanzando sin freno y se cobra otra víctima en Cádiz.

 

El Ayuntamiento de Cádiz sí puede limitar la concesión de licencias de apartamentos turísticos y viviendas turísticas

La legislación española, tanto a nivel estatal como autonómico, otorga a los ayuntamientos la capacidad de regular el uso del suelo y las actividades económicas dentro de su territorio. En el caso de las viviendas turísticas, el Ayuntamiento de Cádiz puede establecer límites a la concesión de licencias para este tipo de alojamientos, basándose en diferentes leyes.

Por ejemplo, la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía permite a los ayuntamientos regular la ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales, lo que incluye la posibilidad de establecer restricciones sobre las licencias de viviendas turísticas.

Otra ley importante es la Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía, que regula los establecimientos de alojamiento turístico y establece que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de vigilancia sobre el mantenimiento del uso de los establecimientos de alojamiento turístico. Esto significa que el Ayuntamiento puede controlar que las viviendas turísticas se mantengan como tales y no se conviertan en viviendas residenciales sin autorización.

Además, la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía regula la ejecución urbanística y establece que los municipios tienen la competencia para elaborar y aprobar instrumentos de ordenación urbanística general, lo que les otorga la capacidad de limitar las licencias de viviendas turísticas en función de criterios de sostenibilidad y ordenación territorial.

Por último, la Ley 13/2005 de medidas para la vivienda protegida y el suelo establece que el uso turístico debe estar separado del uso residencial, lo que permite al Ayuntamiento regular el impacto de los apartamentos turísticos en la ciudad.

En resumen, el Ayuntamiento de Cádiz tiene varias herramientas legales a su disposición para regular y limitar las licencias tanto a apartamentos turísticos como a viviendas turísticas, basándose en las competencias otorgadas por la legislación andaluza en materia de ordenación del territorio y turismo.

Es importante destacar que estas limitaciones deben estar justificadas en razones de interés general, como la protección del patrimonio cultural, la preservación del entorno natural, la garantía de la calidad de vida de los residentes locales o la prevención de la saturación turística.

En este sentido, el Ayuntamiento de Cádiz puede utilizar estas leyes para implementar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que limitara la concesión de nuevas licencias, obligando a los propietarios a cumplir con requisitos específicos de infraestructura y servicios antes de que se les permita operar como apartamentos turísticos o viviendas turísticas.

 


 

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