El presidente del CBPC y a su vez de la Asociación Nacional de Consorcios y Servicios de Extinción de Incendios de España (ConBé), Fernando García Navarro, ha solicitado a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía, información sobre la situación actual de la normativa que regula la aportación de las compañías de seguros a los Servicios de Bomberos, contra incendios y salvamento de España. Los Servicios de Bomberos, a través ConBé, llevan años demandando una información clara y contrastada de estas aportaciones.

En su respuesta, el Ministerio se ha remitido al Anteproyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, un texto que ha pasado recientemente por la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones y cuya disposición adicional decimosexta y final séptima abordan el asunto de referencia. Está previsto que la nueva ley esté aprobada a mediados del año que viene.

En cuanto a las disposiciones recogidas en el texto, la disposición adicional decimosexta, recoge la obligación de las entidades aseguradoras de suministrar determinada información a efectos de la liquidación y recaudación de las tasas por mantenimiento del servicio de extinción de incendios y contribuciones especiales por el establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendio, previstas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Por su parte la disposición final séptima, modifica la Ley de Haciendas Locales, permitiendo a las entidades locales recabar la información necesaria para liquidar y recaudar las tasas y contribuciones especiales procedentes de las compañías aseguradoras.

La actual Ley de Haciendas Locales obliga a las aseguradoras, a través de UNESPA, a abonar a los Servicios de Bomberos (Consorcios y Ayuntamientos), el cinco por ciento de las primas recaudadas en cada municipio. Hasta ahora, esta recaudación se realizaba de manera difusa y poco transparente. A partir de la nueva Ley de Ordenación de las Aseguradoras que se está elaborando, las compañías están obligadas a suministrar esa información al Ministerio de Economía para que resulten transparentes lo datos.

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