La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que el convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz constituye un intento de "enriquecerse con la venta de nuestro patrimonio público", según la entidad. La organización considera que este acuerdo, que incluye la venta del edificio de Náuticas a una promotora privada y, muy probablemente, de la finca de Marqués de Valdeiñigo y parte de los suelos de Tolosa Latour, "esconde en realidad un afán de la administración autonómica, con el beneplácito del gobierno municipal", para obtener beneficios económicos mediante la especulación inmobiliaria.
La APDHA lamenta que este convenio sea "otra oportunidad perdida para la cooperación de las dos administraciones públicas en la búsqueda de soluciones a los problemas de vivienda que padecemos". Según la asociación, estos acuerdos provocarán la construcción de viviendas cuyos precios serán "inasumibles para la mayor parte de la población y muy especialmente para la gente joven". Además, advierten que "en muchos casos puede que estas viviendas no lleguen a tener uso residencial y que se destinen a segunda vivienda o como simple objeto de especulación de particulares o fondos de inversión".
En Cádiz, más de cinco mil familias figuran como demandantes de vivienda protegida en el registro gestionado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, registro que las administraciones están obligadas a atender. Sin embargo, desde la APDHA señalan que este convenio no solo no responde a estas necesidades, sino que "las operaciones no conllevan inversión alguna por parte de las administraciones firmantes y sí un lucro desmedido para la Junta de Andalucía que, con la complicidad del Ayuntamiento y mediante la especulación inmobiliaria, pretende autofinanciarse a costa de la ciudad".
La asociación critica que ambas administraciones "no solo no abordan sus competencias, protegiendo el suelo y construyendo vivienda pública, sino que además venden el escaso suelo público que queda, comprometiendo nuestro futuro y abocándonos a la pérdida de población sin remedio". Ante esta situación, la APDHA exige "que den marcha atrás en su intención de vender estos suelos y que tanto el edificio de Náuticas, como el de Marqués de Valdeiñigo, así como el solar entero de Tolosa Latour, se destinen a promover vivienda asequible al alcance de la mayoría".
Además, la asociación plantea que Junta de Andalucía, Ayuntamiento y administración central colaboren para promover directamente viviendas en alquiler y que estas mantengan la titularidad pública "para asegurar el uso residencial, contribuir a limitar los precios en el mercado libre y frenar la pérdida de población". Según la APDHA, "para tal fin no se necesita modificación alguna del actual PGOU puesto que, como Junta y Ayuntamiento saben, la actual Ley de Vivienda permite construir viviendas sociales en suelos dotacionales". La organización también resalta la importancia de "declarar las zonas tensionadas para beneficiarnos del límite de los precios del alquiler que posibilita esa Ley".
Por último, la APDHA ha realizado un llamamiento a partidos políticos, colectivos sociales y la ciudadanía en general para que se unan en acciones conjuntas que frenen estas operaciones. En sus palabras, las administraciones "deben ser las primeras valedoras de lo público y la Constitución les obliga a evitar la especulación y a promover los medios para garantizar a la ciudadanía el derecho a una vivienda digna".
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