El convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz incluye importantes actuaciones urbanísticas y patrimoniales que abarcan varios espacios emblemáticos de la ciudad, con el objetivo de revitalizar terrenos en desuso, crear viviendas y concentrar servicios administrativos.

El solar de la calle Martínez Campos, actual Plaza Manolo Santander y anteriormente conocida como Plaza de La Reina, mantendrá su uso como plazoleta pública tras las intervenciones previstas en el marco de este acuerdo. Este espacio, que albergó en su momento la sede del instituto de La Viña, ha sido acondicionado para este fin, preservando así un lugar de encuentro y disfrute para los vecinos.

En la calle Marqués de Valdeíñigo, donde se encuentra una parcela de la Junta actualmente abandonada, se llevará a cabo un cambio de uso, pasando de administrativo a residencial. Este cambio responde a la necesidad de aumentar la oferta de vivienda en la ciudad, uno de los principales objetivos del convenio.

Entre las calles Tolosa Latour y Brunete, se proyecta una transformación integral del espacio que incluye la demolición de los restos del inmueble existente para levantar un nuevo edificio destinado a concentrar sedes administrativas de la Junta de Andalucía. En otra parte del terreno, que ha permanecido sin uso durante más de 20 años, se habilitarán viviendas y espacios dotacionales. Además, se preservará la pequeña necrópolis localizada en el lugar, respetando su valor histórico y arqueológico.

Los antiguos depósitos de Tabacalera se destinarán a la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, para lo que ya existe una propuesta concreta de desarrollo. Este proyecto representa una de las actuaciones más relevantes incluidas en el acuerdo urbanístico entre ambas instituciones.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, señaló durante la firma del convenio que este acuerdo busca "recuperar varios edificios y terrenos en lugares emblemáticos que, por fin, tras años de olvido y abandono, se van a integrar en la ciudad para su uso y disfrute por parte de los ciudadanos". Asimismo, destacó que se han atendido las demandas de la población para dar respuesta a problemas prioritarios como la falta de vivienda.

España también subrayó que el acuerdo posibilita concentrar diversas sedes administrativas de la Junta, que actualmente están repartidas en diferentes locales, en un mismo espacio. Esto, según la consejera, facilitará los trámites para los ciudadanos de Cádiz y de la provincia, eliminando la necesidad de desplazamientos entre ubicaciones. Además, indicó que esta medida supone un ahorro para las arcas públicas al reducir los gastos en alquileres y mantenimiento de inmuebles en desuso.

Otro de los puntos destacados fue la actualización del inventario de patrimonio de la Junta de Andalucía, que permitió identificar inmuebles vacíos o infrautilizados. En los últimos años, esta política ha llevado a la realización de cinco subastas de inmuebles que generaron ingresos por valor de 130,3 millones de euros, además de otros 7,5 millones obtenidos por enajenaciones directas. España enfatizó que "lo que antes era una carga, ahora lo estamos transformando en una oportunidad".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, resaltó que el incremento del número de viviendas en la ciudad es una de las grandes prioridades de su equipo de gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía. Además, subrayó la importancia de la recuperación de espacios públicos y edificios sin uso, citando como ejemplos previos las actuaciones en el castillo de San Sebastián y el Torreón de las Puertas de Tierra.

El acuerdo también contempla la parcela del Chalet San Luis, situada en la avenida Cayetano del Toro, que mantendrá su calificación como espacio administrativo, tal y como solicitó el Ayuntamiento. Este inmueble había sido recibido por la anterior administración como parte del pago de la deuda histórica por parte del Gobierno central.

La consejera Carolina España comparó la gestión actual del patrimonio público con la de anteriores gobiernos socialistas, criticando que "no se había hecho nada por rentabilizar estos espacios", lo que representaba un elevado coste en mantenimiento. Añadió que la prioridad del Gobierno de Juanma Moreno ha sido establecer un modelo de gestión integral que permita una administración más ágil y eficaz del patrimonio de la Junta.

 


 

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