El acuerdo que regula las condiciones laborales del personal funcionario del Ayuntamiento de Cádiz, calificado como "histórico" por el exalcalde José María González ‘Kichi’ antes de finalizar su mandato, se encuentra actualmente bajo investigación de la Fiscalía. Según ha podido confirmar Portal de Cádiz, la Fiscalía estaría actuando de oficio basándose en el artículo 61 del acuerdo regulador, el cual establece una jornada especial de trabajo para funcionarios próximos a la jubilación, lo que ha suscitado controversias legales y sindicales.
Autonomía Obrera ha reconocido la existencia de esta actuación y ha explicado que el artículo en cuestión permite que "el personal funcionario del Ayuntamiento de Cádiz, con independencia del régimen de jornada que tengan asignado, que le reste menos de tres años para su jubilación, tendrán una jornada especial de trabajo de dos horas diarias menos, con carácter general, una hora al comienzo de la jornada y otra al final de la misma, sin merma de su retribución". Este beneficio también puede disfrutarse acumulado antes de la jubilación, aunque "se exceptúa de esta modalidad de jornada al personal con una especial responsabilidad".
Este acuerdo, inicialmente aprobado en un pleno extraordinario celebrado en mayo de 2023, contó con los votos favorables del anterior equipo de gobierno, Adelante Cádiz, y del PSOE, mientras que PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Domingo Villero optaron por la abstención. Sin embargo, el texto fue objeto de cuestionamientos por parte de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. El 28 de julio de 2023, Mercedes Colombo, delegada del Gobierno autonómico, remitió un requerimiento al alcalde Bruno García señalando varias incorrecciones en el acuerdo y otorgando un plazo de un mes para "anular o adaptar a la legalidad los preceptos" señalados como irregulares.
Tras estas advertencias, el acuerdo fue revisado y se llevaron a cabo algunas modificaciones sin alterar sustancialmente las condiciones laborales previamente acordadas. Finalmente, el texto revisado fue sometido nuevamente a votación en el pleno del 28 de septiembre de 2023, donde se aprobó por unanimidad. Este respaldo incluyó el mantenimiento de las modificaciones parciales de la Relación de Puestos de Trabajo de 2013, así como la creación de la figura de viceinterventor municipal, dando por cerrado el asunto desde el punto de vista del Ayuntamiento.
En un correo enviado por Autonomía Obrera el 20 de noviembre de 2024 al que ha tenido acceso Portal de Cádiz, la organización sindical defendió la legalidad del acuerdo e hizo un llamamiento a contextualizar las informaciones sobre la intervención de la Fiscalía. Según el texto: "No podemos pasar esta información sobre la actuación de la Fiscalía que se reproduce por parte de algunos medios como si fuera un ataque a toda la plantilla municipal". El sindicato argumentó además que "la intención es informar acerca de las posibles interpretaciones de la norma" y no cuestionar los derechos adquiridos de los trabajadores.
Sin embargo, el acuerdo no solo ha sido defendido por Autonomía Obrera. En otro correo fechado el 25 de noviembre de 2024, firmado por sindicatos como UGT, UPLBA, SPLCA, CCOO y CSIF, los firmantes señalaron que "la aplicación del texto del vigente acuerdo regulador no ha generado problemas legales ni administrativos de tipo alguno". Asimismo, añadieron que "la posibilidad de una interpretación diversa por parte de la Fiscalía no debería cuestionar su validez". Estos sindicatos reafirmaron su respaldo al texto y destacaron que su implementación ha supuesto "una mejora significativa en la estabilidad laboral y en las condiciones de los trabajadores municipales".
El acuerdo "histórico", inicialmente celebrado como un avance en derechos laborales, ahora es descrito por algunos sectores como un "caramelo envenenado". Más allá de los beneficios previstos, los críticos han señalado que el texto podría generar inseguridad jurídica no solo para los funcionarios, sino también para el actual equipo de gobierno municipal. Este último tuvo que introducir modificaciones tras observaciones realizadas por la Junta de Andalucía, aunque optó por no alterar el contenido sustancial del acuerdo en respuesta al requerimiento del gobierno autonómico.
El caso refleja las tensiones existentes entre los sindicatos, la administración municipal y los órganos judiciales, dejando en evidencia los desafíos legales que plantea el acuerdo regulador. La intervención de la Fiscalía añade una nueva dimensión al debate, mientras que algunos sectores califican el texto como una "chapuza" debido a las posibles irregularidades detectadas. El futuro del acuerdo y su impacto en la organización interna del Ayuntamiento de Cádiz permanecen en incertidumbre, a la espera de los avances en las pesquisas de la Fiscalía.
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