El consejo de administración de Eléctrica de Cádiz ha rechazado esta tarde en sesión extraordinaria la creación de un bono social alternativo al regulado por el Gobierno central, gracias a los votos en contra del mismo de los representantes del Grupo Popular Municipal (Ignacio Romaní y José Blas Fernández) y el voto en contra de Endesa y pese a los votos a favor de los consejeros del PSOE (Juan cantero), Por Cádiz sí se puede (David Navarro), Ganar Cádiz en Común (Eva Tubío) y Unicaja.
David Navarro, Presidente de Eléctrica de Cádiz, ha lamentado la decisión del consejo y ha declarado que “hoy hemos asistido a una traición del Partido Popular a la ciudad de Cádiz, al priorizar los intereses de Endesa, sobre los de las familias más vulnerables”.
Por su parte la concejala y consejera de Eléctrica de Cádiz por parte de Ganar Cádiz, Eva Tubío ha manifestado que “el PP ha incumplido su compromiso asumido en el pleno del Ayuntamiendo el 30 de octubre de crear un bono social en Cádiz. Las familias de Cádiz no se merecen esto”.
El proyecto de bono social de Cádiz rechazado hoy tiene su origen en una reivindicación de los colectivos sociales de la ciudad que presentaron miles de firmas en 2014 para su creación, y se convirtió en compromiso de todos los partidos políticos del Ayuntamiento gracias a un acuerdo plenario el 30 de octubre de 2015.
La propuesta del bono social gaditano recogía que sería costeado con 600.000 euros procedentes de los beneficios de la distribuidora Eléctrica en Cádiz, que, debido a la regulación del sector eléctrico, no puede repercutirlo en la factura porque es el Gobierno central quien establece sus tarifas.
El 30 de octubre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz votó por unanimidad a favor de la creación de un bono social especial que sería comercializado por Eléctrica de Cádiz y a favor de la creación de la Mesa contra la Pobreza Energética, donde las organizaciones participaran en la elaboración de cómo sería el bono social gaditano. Fruto del trabajo de esta mesa, en la que participaron organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Asociación Pro Derechos Humanos, la Asamblea San Mateo 15M, personas en situación de pobreza y representantes políticos.
También ha colaborado en la propuesta el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, a través de un estudio sobre consumo energético en familias vulnerables de la ciudad. El Gobierno municipal encargó también un informe jurídico externo para asegurar la legalidad de la propuesta, y otro a la Gerencia de Eléctrica de Cádiz para identificar las necesidades técnicas para su puesta en marcha. Ambos informes esclarecen la mejor vía para poner en marcha el bono social gaditano.
La necesidad del bono social se deriva de que en la ciudad de Cádiz el 80% de las familias del municipio tienen su suministro eléctrico con la eléctrica municipal, una empresa mixta de la que el Ayuntamiento tiene el 55% (Eléctrica de Cádiz) y que, debido a la regulación del Gobierno, no puede ofrecer el bono social estatal (el Real Decreto Ley 17/2016 aprobado por el Gobierno del estado mantiene que sólo las comercializadoras de referencia pueden facilitar el bono estatal).
El bono social gaditano hoy rechazado por el concejo de Administración de Eléctrica de Cádiz iba a ser financiado con una donación voluntaria de la suministradora de 600.000 euros, cuyos beneficios anuales oscilan entre los 8 y 10 millones de euros, y que en 2016, según informes preliminares, obtendrá unos beneficios extraordinarios de más de 15 millones de euros. El Ayuntamiento estimaba que con esta suma se aseguraría el acceso a la energía a 2.000 familias en situación de vulnerabilidad.
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