El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad una propuesta del Grupo Socialista que exige al Gobierno de la Nación una mayor dotación económica para el Plan de Ayuda Alimentaria (PEAD) para personas y familias necesitadas. Esta iniciativa, que igualmente reclama que la Corporación provincial redoble su aportación al Banco de Alimentos de Cádiz, pretende que se retome "la cantidad y la calidad de la cesta alimenticia que se entrega a estas personas, ya que en el último año ha sufrido una importante merma, al pasar de 14 a 9 variedades y dejar fuera de ella algunas como el aceite, los garbanzos, la fruta en conserva sin azúcar añadido y los cereales infantiles".
La diputada socialista María Naval, impulsora de la propuesta, ha destacado la importancia de ese mecanismo público, articulado a nivel europeo y gestionado a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en una provincia que "cuenta con el 30 por ciento de la población en situación de pobreza, y con el 13 por ciento de ella en estado de pobreza severa".
En aras a conseguir el respaldo unánime de la Corporación, y aun a pesar de ser "irrelevante desde el punto de vista práctico porque ya está manteniendo un elevado grado de compromiso en esta materia", el Grupo Socialista ha aceptado una enmienda del Grupo Popular en la que se insta a la Junta de Andalucía a extremar su implicación para garantizar la dotación de alimentos de calidad a estos colectivos especialmente expuestos a la crisis económica.
Sin embargo, no ha corrido igual suerte la propuesta socialista que planteaba la extensión del subsidio de desempleo a colectivos vulnerables y con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral, entre los que se encuentran las personas con cargas familiares y sin ingresos que superen el año inscritas como paradas; las víctimas de la violencia de género; las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento; y las mayores de 45 años que hayan agotado la Renta Activa de Inserción. Durante la defensa de la propuesta, que ha sido rechazada por los votos en contra del Partido Popular, María Naval ha destacado la reciente proliferación de casos "de situaciones de pobreza sobrevenida, que afectan a miles de familias y que golpean a muchísimos niños y niñas".
La iniciativa del Grupo Socialista solicitaba la puesta en marcha de una renta básica de subsistencia en forma de subsidio por valor del 80 por ciento del IPREM (lo que significa unos 426 euros mensuales), que se incrementaría en 100 euros por cada hijo o hija a cargo del perceptor o perceptora. La duración inicial del mismo sería de seis meses de duración, prorrogable hasta que se prolongue la situación que diera derecho a percibirlo y, en todo caso, mientras la tasa de paro se sitúe por encima del 15 por ciento. "La prórroga del Plan Prepara para desempleados que han agotado su prestación no es suficiente para atender las nuevas necesidades de numerosas familias, pero el PP parece que no es consciente de esa realidad", ha señalado María Naval.
La propuesta del Grupo Socialista en rechazo a la reforma del sistema de elección de alcaldes que el Gobierno de Rajoy quiere imponer en vísperas de las Municipales ha sido votada en contra por el PP, de la misma forma que lo han sido las otras iniciativas presentadas en este mismo sentido por el resto de formaciones de la oposición. Por el contrario, el Gobierno provincial ha sacado adelante una moción presentada desde sus propias filas en las que justifica y ampara ese "intento de cambio de las reglas del juego democrático".
La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha destacado durante el debate que "no se entiende la prisa del Partido Popular por empeñarse en esta reforma que exclusivamente responde a su miedo a perder poder municipal, cuando lo que debería hacer es asumir la depresión que le supusieron los resultados de las Europeas". Y ha llamado la atención sobre la contradicción de que "mientras parece que sus altas instancias en Madrid han dado un pequeño paso atrás en su intención de consumar ese atropello a la democracia, el PP de la Diputación trae hoy al Pleno una propuesta que apoya que se consume ese ataque a una normativa que nació del diálogo y del consenso".
"Tanto en virtud del calado del acuerdo que se necesita para ello como a tenor de la intensidad de la reforma que se plantea, que supone cambiar todas las reglas del juego, el cambio en el sistema de elección de alcaldes y alcaldesas no puede afrontarse sin un consenso político. Y menos aún puede emprenderse desde el autoritarismo y la imposición, a apenas unos meses para las Elecciones Municipales", ha añadido Irene García.
El Gobierno de la Diputación ha rechazado una propuesta socialista con un doble contenido de interés para la economía de los pequeños municipios: la puesta en marcha de un fondo de inversión para localidades menores de 20.000 habitantes a cargo del superávit presupuestario del ente supramunicipal; y la inclusión en los Presupuestos para 2015 de una línea de anticipos reintegrables sin interés, para que los ayuntamientos obtengan financiación para sus obligaciones de gestión, y especialmente para garantizar la prestación de servicios básicos y el pago de sus trabajadores.
"Los ayuntamientos no solo son la Administración más cercana a la ciudadanía, sino que además tienen que prestar unos servicios básicos que se han convertido en esenciales con la crisis económica", ha explicado Alfonso Moscoso, quien ha añadido que "las dificultades financieras golpean más a los pequeños consistorios que a los grandes. Por eso, la Diputación debe ser sensible a su realidad y actuar en consecuencia, poniendo en marcha un instrumento como el que ya disponen las diputaciones de Sevilla y Málaga, y que aquí se sigue negando incomprensiblemente".
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